Septiembre 2011. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), dio a conocer la autorización de un magistrado federal de Mexicali para continuar explotando amparos, para la introducción masiva de vehículos usados extranjeros a nuestro país sin el cumplimiento del pago de aranceles y reglas marcadas en el Decreto para la Importación de Vehículos Usados.
“Estamos en la antesala de otra oleada de vehículos basura, tal como lo anticipó el sector automotor desde el 2005, con todos los efectos negativos que esto representa como la deformación de precios de autos usados y la competencia desleal de ventas de vehículos a pie de calle contra los comerciantes legalmente establecidos”, externó Guillermo Rosales, director ejecutivo de Relaciones Institucionales de la AMDA.
Entre enero y junio de 2011 se han importado a México alrededor de 367 mil unidades usadas, cifra que representó casi el 80 por ciento de las más de 400 mil unidades nuevas que se llevan vendidas en el mercado interno, según cifras de la AMDA y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Destaca negativamente el promedio mensual de vehículos importados usados durante el primer semestre de 2011, que fue de 61 mil 155 unidades, cifra que contrasta sensiblemente con los 17 mil 448 vehículos importados en julio pasado, justamente cuando entró en vigor el nuevo decreto que dejó sin efecto los amparos en contra del decreto vigente hasta el mes de junio.
Rosales reconoció la necesidad del apoyo convencido del gobierno federal y de los jueces y magistrados para impedir que se sigan introduciendo vehículos usados sin cumplir los requisitos del decreto, así como acelerar el establecimiento y ejecución de las normas de condiciones físico-mecánicas y de emisiones al medio ambiente que impidan el paso a estas unidades.
El vocero de la asociación de distribuidores comentó que continuarán trabajando en el seno del Consejo Automotor con las asociaciones del sector como AMIA, ANPACT, INA y ANCA, así como las diferentes instancias del Poder Ejecutivo y Legislativo. Establecido desde el 2005 el llamado ‘chocodecreto’, ha permitido la introducción a México de más de seis millones de vehículos chatarra.
