Rechazan AMDA y AMIA el registro de autos ilegales

El sector automotor solicita aplicar sanciones por violaciones al Convenio de Coordinación Fiscal y al Código Fiscal de la Federación

Diciembre 2017. Las asociaciones mexicanas de la Industria Automotriz (AMIA) y de Distribuidores de Automotores (AMDA) rechazaron el “empadronamiento y colocación de engomado” de vehículos ilegales que circulan en la entidad. Además, demandan que el Gobierno de Tamaulipas cumpla con los compromisos vigentes que firmó en 2015 y 2016 con el Gobierno Federal para acabar con este problema.

Lo anterior, debido a que el Gobierno de Tamaulipas y su Congreso pretenden registrar vehículos ‘chocolates’ o ‘chuecos’ que circulan por esta entidad de manera irregular, violando la Constitución, leyes aduaneras, de normalización y otras disposiciones oficiales en materia de control vehicular y de comercio exterior, bajo el falso argumento de promover la seguridad pública es ilegal, atenta contra el marco jurídico del país y contraviene esfuerzos del Gobierno Federal.

Guillermo Rosales, director general adjunto de AMDA, explicó que es una medida engañosa y recaudatoria que pretende recabar datos de los poseedores de vehículos ilegales a cambio de un engomado que en ningún momento es equiparable con una medida de legalización, por lo que la estancia de éstos vehículos en el país seguirá siendo clandestina y por ende incierta; pese a estas premisas, el pago a la Secretaría de Finanzas es aproximadamente de mil 500 pesos, lo que sería anual, más el pago de una póliza de seguro.

Por su parte, Eduardo Solís, presidente de la AMIA, informó que la justificación del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca de identificar a los propietarios de vehículos ilegales para prevenir la comisión de delitos es insostenible ante la evidente negligencia de las autoridades locales, estado y municipios, para impedir la internación y comercialización de vehículos chuecos.

Por ello, los representantes de AMDA y AMIA solicitan al Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, así como a Osvaldo Santín Quiroz, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a Max Alberto Diener Sala, Procurador Fiscal de la Federación, a aplicar sanciones por violaciones al Convenio de Coordinación Fiscal y al Código Fiscal de la Federación.