Urge detener el robo al autotransporte de combustibles: CANACAR

Ante la ola de inseguridad que en los últimos años ha afectado al transporte en las carreteras federales: CANACAR

Enero 2017. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) hizo un llamado urgente a las autoridades, en sus tres niveles, a detener el robo al autotransporte de combustible.

En un comunicado, el organismo manifestó que el autotransporte de carga es un eslabón fundamental en toda la cadena de creación de valor. A través de él se moviliza más del 80 por ciento de todo lo que nuestro país consume y produce, participa con el 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), agrega valor a la economía por un monto de 566 mil millones de pesos y genera más de 6 millones de empleos directos e indirectos. Especialmente, por este modo se garantiza el abasto del 30 por ciento del consumo de diésel, gasolina y combustóleo, así como del 91 por ciento de turbosina.

Por su importancia en el abasto de todo tipo de bienes en el país, el movimiento de combustibles por autotanque se ha vuelto atractivo para la delincuencia. Al cierre del 2017, se habían cometido 167 robos, el 74 por ciento de ellos en cinco entidades: Veracruz (39%), Michoacán (13%), Puebla (9%), Tabasco (7%) y Jalisco (6%).

Se estima que el volumen del producto robado fue de 9.48 millones de litros, cuyo monto aproximado es de 161 millones de pesos. Por tipo de combustible, el robo del diésel fue el de mayor incidencia con el 54 por ciento de los eventos, la gasolina magna con el 17 por ciento y la premium con el 13 por ciento. El resto fueron equipos vacíos o algún otro producto.

Tres son los puntos rojos, ya que en ellos se presentaron el 53 por ciento de los eventos: Coatzacoalcos-Minatitlán (30%), Esperanza-Córdoba (13%) y Lázaro Cárdenas-Uruapan (10%).

Además del impacto económico por el robo del producto y el riesgo de desabasto de combustibles en el país, está el daño que sufren los empresarios de esta modalidad por la pérdida del 50 por ciento de sus equipos (que ya no se recuperan), cuyo valor supera los 208 millones de pesos, monto superior al del producto robado.

Los autotransportistas son impactados también por otros costos que igualmente afectan su rentabilidad: el incremento sustancial en las pólizas de seguros; el deducible que deben cubrirle a PEMEX por asegurar el producto, cuyo monto por estos eventos ascendió a 31.7 millones de pesos.

Las empresas de autotanques, cuando logran recuperar sus equipos, deben padecer un verdadero calvario para que les sean liberados por las autoridades y los prestadores de los servicios de grúas, a quienes por los “servicios prestados” les deben cubrir, en promedio, 66 mil pesos por evento; sólo por este concepto desembolsaron en el 2017, alrededor de 5.5 millones de pesos.

El tiempo que transcurre entre el momento en que un autotanque es robado y el momento que es reactivado, es de alrededor de 4 meses, evidentemente esto también se traduce en un daño adicional, mismo que se estimó para el 2017, en alrededor de 9 millones de pesos.

De lo anterior se concluye que el daño económico directo ocasionado a las empresas que se han visto afectadas por el robo al autotransporte de combustibles ascendió en 2017, a más de 254 millones de pesos en 167 eventos, monto superior en un 58 por ciento al valor del producto robado.

“A finales del 2017, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal y los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz y Tlaxcala, junto con la CONCAMIN y la ANTP, logramos acordar algunas acciones que desafortunadamente han sido insuficientes. El incremento alarmante en el robo al autotransporte de carga no es exclusivo del movimiento de combustibles, pero sí es una de las modalidades que más afectación han tenido”, indicó el organismo.

Por eso, la CANACAR solicitó que se atiendan urgentemente los siguientes planteamientos:

  • Se publique el Decreto que reforma el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de delitos carreteros, mismo que fue aprobado por el H. Congreso de la Unión en el pasado periodo ordinario de sesiones.
  • En el ámbito de su competencia, la Secretaría de Gobernación convoque a la instalación de una mesa de trabajo de alto nivel, en la que estén representados, además del Gobierno Federal (SEGOB, SEDENA y SEMAR), los gobiernos estatales en los que se concentra el problema, Petróleos Mexicanos y los prestadores del servicio representados por CANACAR.
  • Este grupo especializado deberá responsabilizarse de diseñar, en el corto plazo, un programa de acciones específicas para ser implementadas, en principio, en los cinco estados de mayor incidencia y, de manera muy especial, en los tres puntos que se tienen identificados de alta concentración de este delito.

“La inseguridad, en la forma de robo al autotransporte que priva en nuestro país, no es responsabilidad de quienes proporcionamos este estratégico servicio, por tal motivo el costo que esto representa tampoco debe ser absorbido exclusivamente por los transportistas. Por tal motivo, proponemos establecer un mecanismo para que el Gobierno Federal, a través de la SHCP, compense en alguna medida, la afectación económica que están teniendo”, finalizó el organismo.