Hasta 15 años de prisión por el uso de jammers

La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), activa promotora de la ley

Diciembre 2019. El Senado de la República aprobó la reforma al Artículo 190: “Ley Anti-Jammer”, la cual establece la sanción por la fabricación, venta, compra, instalación, portación o uso de bloqueadores de señal de telefonía, radiocomunicación, transmisión de datos o imagen o utilice estos artefactos podrá enfrentar penas de 12 a 15 años de prisión.

Con esta nueva ley que será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se busca proteger y reforzar al traslado de mercancías, y con ello a toda la cadena de distribución integrada por fabricantes de bienes y productos, empresas transportistas, proveedores de rastreo satelital, custodias, aseguradoras, comercializadores y dueño de la carga.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), entre enero y noviembre de este año, reportó y documentó más de 3 mil robos a nivel nacional (únicamente entre sus asociados), en más del 75 por ciento de los casos se utilizaron “Jammers”.

Víctor Manuel Presichi Amador, presidente de la ANERPV, mencionó que este organismo desde el inicio del proyecto de reforma de Ley, fue un activo promotor, pues, aunque los servicios de localización satelital han permitido contrarrestar el robo al transporte y mercancías en tránsito, la utilización de “Jammers” por parte de la delincuencia organizada, permitió crecer sus actividades delictivas de manera exponencial y con un mínimo de riesgo.

“La Ley aprobada y emitida por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, establece una sanción de 12 a 15 años de prisión para quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte u opere dichos dispositivos, conocidos como Jammer. Dichas adiciones contemplan la excepción de uso para que los operadores de centros penitenciarios y de reinserción social puedan utilizar esta tecnología con fines de seguridad pública. Sin duda es un gran paso en pro de la seguridad del autotransporte y de todos los sectores que en él participamos”, afirmó.

El directivo destacó que los empresarios que integran a la ANERPV han trabajado arduamente en los últimos meses de la mano de miembros del Poder Legislativo para impulsar las modificaciones constitucionales y del Código Penal que permitan terminar con el uso de dispositivos de bloqueo de señal de rastreo con fines delictivos. Estos productos han tenido una vasta demanda por su libre y abierta comercialización, principalmente en sitios de internet.

Añadió además que, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre 2015 y 2018 el robo a autotransporte incrementó 81 por ciento. Según cifras de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), este delito creció casi un 90 por ciento del 2017 al 2018, mientras que se presentó un aumento del 168 por ciento entre 2012 y 2018.

Testificó que cada año el robo a autotransporte tiene un impacto económico de 92 mil millones de pesos, de acuerdo con la Canacar. Esto representa aproximadamente el 0.5por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

“Garantizar la seguridad de la industria del autotransporte en México es clave debido a su aportación a la economía del país. En total, este sector aporta el 5.9% del PIB nacional”, explicó Presichi Amador.