El desarrollo de la seguridad privada mexicana debe apuntar hacia los mercados de Europa y Estados Unidos, regiones que comienzan a evidenciar la necesidad de prevenir los impactos de un contexto de mayor inseguridad detonado, en una buena parte, por el fenómeno de movilidad humana, concluyeron empresarios del sector al término de los trabajos del 17 Congreso Panamericano de Seguridad Privada 2024.
“Es momento de proyectar la exportación de los servicios de empresas cimentadas en mejores prácticas y con certificaciones de calidad y cumplimiento. El nivel de profesionalización y capacitación que hemos logrado como industria formal en un entorno de inseguridad como el de México, uno de los más inseguros del mundo, lamentablemente es una magnífica carta de presentación”, dijo Luis Miguel Dana, secretario general de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).
A pesar de ser un sector con una densidad empresarial de más de 7 mil 500 empresas, de las cuales de 80% opera de forma irregular, las mejores prácticas desarrolladas e instrumentadas por las empresas serias nos pone en una posición en el que el desarrollo no está solamente en coyunturas locales o regionales, sino en un modelo de exportación con miras globales, comentó Daniel Espinoza, vicepresidente de la AMESP.
Durante los diversos paneles de la segunda jornada de trabajos del congreso, los participantes coincidieron en señalar que el modelo de negocio al que aspiramos como país y región debe enfocarse hacia la atención de necesidades en diversas regiones del mundo, pues los mercados ilegales están tomando una fuerza inusitada a nivel global.
Al respecto, Gabriel Bernal Gómez, presidente de la AMESP, enfatizó que el camino andado en México y la región para superar escollos e insistir en el desarrollo de marcos legales y regulaciones orientadas a mejorar el papel de la seguridad privada con la pública, hace que las 18,777 empresas formales de América Latina tengan la oportunidad de coadyuvar con gobiernos de otras latitudes para atender desafíos puntuales pues las sinergias entre la industria y las policías son impostergables en todo el mundo.
En torno a la situación de negocios de la industria en México, diversos especialistas coincidieron en señalar que el incremento salarial decretado por el presidente para este año de 110%, genera una distorsión en la economía de las empresas del sector pues los presupuestos pactados en contratos están indexados a la tasa inflacionaria, la cual es de 30% en lo que va del sexenio, lo cual genera un diferencial importante entre los ingresos y los costos de operación pactados con clientes.
Alejandro Ruiz Godínez, director de Recursos Humanos de la empresa de seguridad privada Securitas, consideró que la reducción de la jornada laboral a 40 horas va a generar importantes costos adicionales al sector, por lo cual “urge sensibilizarnos como industria para adoptar estrategias orientadas a concientizar a los clientes” que los beneficios de contratar servicios de seguridad privada no está en pagar mensualidades unos pesos más baratas.
Jesús Cerón Valadez, director general de Cymez, dijo que siete de cada 10 empresarios del sector están abiertos a negociar con clientes condiciones de servicio impuestas por los contratantes que, al final, castigan los ingresos del personal. Al no rechazar esas condiciones ventajosas de organismos que demandan servicios de seguridad privada, la industria es cómplice en el incremento de la tasa de rotación que es mayor al 80% anual.
Al respecto, Ana Guzmán Contreras, presidenta de la Asociación Mexicana de Especialistas de Seguridad Integral (Amexsi), dijo que el cáncer de la seguridad privada es la rotación porque impide establecer programas eficientes de profesionalización y capacitación continua y alimenta las bases de las empresas irregulares que prestan servicios de baja calidad con empleados ‘contratados’, incluso, de forma irregular.
Al respecto, Héctor Romero, presidente de Circuito Logístico, asociación enfocada en la seguridad del transporte de carga y la logística, dijo que el sector debe trabajar muy de cerca con los transportistas pues es de vital importancia recuperar 70 mil operadores que se han ido a trabajar a Estados Unidos.
David Román, presidente de la ANERPV, al subrayar que Puebla, Jalisco y Edomex siguen siendo las tres entidades donde se concentra el 60% de los robos de vehículos de carga, destacó que en el actual contexto de crecientes tasas de incidencia delictiva, aunado a los bajos salarios y a la falta de prestaciones laborales, actualmente hay un severo déficit en la oferta de conductores o choferes.
De acuerdo con la Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU) hay un déficit de más de 60 mil conductores de camiones de carga a nivel nacional.
En el panel Rol de Seguridad como Elemento para el Desarrollo de los Negocios en la Región, los participantes coincidieron en señalar que la gente que tradicionalmente buscaba hacer carrera en el sector de seguridad privada empezando en posiciones como guardia, custodio o vigilante, “hoy prefieren ganar $20 mil pesos trabajando en reparto de paquetes a través de los modelos de empleo que ofrecen las plataformas digitales”.
En su oportunidad Herschel Schultz, director general de Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME), dijo que a lo largo del 2023 se integraron 220 empresas al sector que actualmente está integrado por 5 mil 480 empresas registradas ante autoridades, y en lo que va del año se han sumado otras 25.
Sin embargo, enfatizó, de acuerdo con un estudio del organismo, existen 2 mil 591 empresas del sector que tienen registrados 5 o menos trabajadores en el IMSS. De ese universo más de mil compañías tienen solo un colaborador dado de alta ante esa instancia reguladora, precisó.